Desalojo en Cayos Cochinos genera protestas contra intereses empresariales en Honduras

Pobladores de la comunidad de Uva, ubicada en los Cayos Cochinos en Honduras, fueron desalojados este fin de semana por elementos de seguridad locales tras una orden emitida por un juez de la región. El operativo, que ha generado tensiones sociales, busca la recuperación de predios que, según señalan diversas fuentes, están vinculados a intereses comerciales asociados al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. La intervención de las autoridades provocó movilizaciones inmediatas por parte de los habitantes desalojados, quienes denuncian la pérdida de sus hogares y medios de subsistencia tradicionales.

Los manifestantes han expresado su rechazo a las operaciones turísticas y de desarrollo inmobiliario que se pretenden ejecutar en la zona, argumentando que dichos proyectos vulneran sus derechos territoriales y ancestrales. Durante las protestas, los pobladores han solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para revisar los procesos judiciales que derivaron en la orden de desalojo. La situación ha escalado en las últimas horas, con bloqueos y consignas que cuestionan el impacto de las inversiones privadas en el archipiélago hondureño.

Por su parte, los representantes legales de los desarrolladores han sostenido que las acciones se encuentran dentro del marco jurídico local, amparadas por resoluciones judiciales que avalan la propiedad de los terrenos. Mientras tanto, la comunidad afectada mantiene su postura de resistencia, señalando que el desalojo se llevó a cabo sin ofrecer alternativas habitacionales o mecanismos de compensación adecuados para las familias desplazadas. Los colectivos sociales han comenzado a organizar caravanas para visibilizar el conflicto ante las autoridades nacionales de Honduras.

El conflicto ha captado la atención de diversos sectores en México, debido a la figura del empresario involucrado y las implicaciones que este tipo de disputas territoriales representan para la inversión mexicana en el extranjero. Aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hasta el momento, el tema ha comenzado a circular en foros de activismo ambiental y defensa de los derechos de pueblos originarios, quienes exigen claridad sobre el respeto a las leyes de propiedad y los derechos humanos en las zonas de inversión.