Extorsión afecta hasta 5% del valor en cadena del aguacate mexicano

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta una afectación económica que alcanza hasta el 5% de su costo total debido a las prácticas de extorsión que persisten en zonas productoras. Representantes del pequeño comercio han señalado que el cobro de piso y las restricciones impuestas por grupos delictivos impactan directamente en el precio final al consumidor y en los márgenes de utilidad de los productores locales, quienes se ven obligados a absorber los costos de seguridad privada o el pago de cuotas ilegales.

Ante la proximidad de eventos de alta demanda internacional como el Super Bowl, los comerciantes han planteado que la exportación del aguacate debe integrarse formalmente en la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. La propuesta busca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional implementen corredores seguros que garanticen el tránsito de las mercancías desde los huertos hasta los centros de acopio y aduanas, evitando así la intromisión de terceros en la logística de distribución.

La problemática no se limita al sector primario, sino que se extiende a las centrales de abasto y pequeños negocios de barrio que reportan dificultades para el abastecimiento constante del fruto. Los comerciantes sostienen que la falta de garantías de seguridad en las carreteras principales encarece los fletes, lo que se traduce en una mayor presión inflacionaria para las familias mexicanas que consumen este producto básico en su dieta diaria.

Especialistas en la materia han sugerido que, además de la presencia de fuerzas federales, es necesaria una mayor coordinación con las autoridades estatales y municipales para desarticular las redes de extorsión desde el nivel local. La propuesta del sector comercio busca que el aguacate sea tratado con un enfoque de seguridad estratégica, dada su relevancia para la balanza comercial del país y la estabilidad de precios en el mercado interno.

El sector productivo y comercial espera que las mesas de trabajo con la Secretaría de Economía y la SSPC permitan establecer protocolos de actuación más eficaces. Mientras tanto, el pequeño comercio continúa exigiendo acciones concretas que protejan tanto a los trabajadores del campo como a los distribuidores, asegurando que la cadena de suministro no se vea interrumpida por la delincuencia organizada en las regiones clave del país.