FGR rechaza persecución política contra Ernesto Ruffo en investigación por huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) desestimó este martes las acusaciones sobre una supuesta persecución política en contra de Ernesto Ruffo. La institución federal aclaró que las indagatorias iniciadas por el presunto delito de robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, responden exclusivamente a hallazgos técnicos derivados de una carpeta de investigación abierta de oficio.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia encabezada por el fiscal general señaló que el actuar de la institución se ciñe estrictamente al marco constitucional. La FGR enfatizó que cualquier señalamiento sobre un uso faccioso de la justicia carece de sustento, insistiendo en que el proceso contra el exmandatario estatal sigue su curso legal conforme a las evidencias recolectadas en el terreno por agentes ministeriales y peritos especializados.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las investigaciones se centran en el rastreo de redes de distribución y almacenamiento ilícito de combustible en zonas industriales del norte del país. Según la información proporcionada por la Fiscalía, las diligencias buscan determinar si existen responsabilidades directas o administrativas por parte de los implicados en la gestión de permisos y operaciones logísticas vinculadas a los predios donde se detectaron las irregularidades.

Por su parte, el equipo jurídico que representa a Ernesto Ruffo ha manifestado en días recientes su intención de colaborar con las autoridades para demostrar la ausencia de vínculos con actividades ilícitas. Los abogados defensores han señalado que presentarán toda la documentación necesaria ante los tribunales federales para desvirtuar las imputaciones y asegurar que no existen pruebas que vinculen a su representado con el robo de hidrocarburos.

La FGR reiteró que el compromiso de la institución es combatir el robo de combustible bajo el principio de legalidad, sin distinción de filiaciones o cargos públicos previos. El caso permanece bajo la supervisión de un juez de control, quien determinará en las próximas audiencias si existen los elementos suficientes para avanzar hacia una vinculación a proceso o si las pruebas presentadas por la Fiscalía resultan insuficientes para sostener la acusación.