Mercado ilegal de tabaco resta 35,000 millones de pesos al erario nacional
La proliferación de cigarros de contrabando y fabricación clandestina afecta la recaudación fiscal en México, pese a los ajustes en el IEPS.
El mercado ilegal de tabaco en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para el erario público, una cifra que persiste a pesar de los constantes incrementos en la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este fenómeno, que afecta directamente la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha consolidado como un desafío estructural para la economía formal del país durante este año.
Investigadores del Colegio de México (Colmex) han identificado que las organizaciones criminales han implementado una estrategia mixta para penetrar el mercado nacional. Dicho esquema combina la introducción masiva de cigarros mediante redes de contrabando internacional con la instalación de fábricas clandestinas en territorio nacional, las cuales operan sin ningún tipo de control sanitario o fiscal, generando una competencia asimétrica contra los productores establecidos.
El impacto de esta actividad no se limita únicamente a la evasión de impuestos, sino que también representa una preocupación para la Secretaría de Salud. Al no cumplir con los estándares de calidad ni con las advertencias sanitarias obligatorias, los productos ilícitos circulan sin supervisión, desafiando las políticas públicas orientadas a la reducción del consumo de tabaco y a la protección de los consumidores.
La complejidad de este mercado ilegal obliga a las autoridades, incluyendo a la Guardia Nacional y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a intensificar los operativos de vigilancia en aduanas y puntos de venta. Expertos señalan que la efectividad de las medidas fiscales se ve anulada cuando el consumidor final opta por opciones de bajo costo que no garantizan la legalidad ni la procedencia del producto.
Ante este escenario, diversos sectores han propuesto fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las instancias de seguridad para desmantelar las cadenas de suministro ilegales. La meta es mitigar el impacto económico que supone la fuga de capitales y proteger la estabilidad de los ingresos públicos en el contexto actual del país.
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