Perú manifiesta malestar a México por mensajes de asilada política

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió una comunicación formal por parte de las autoridades peruanas, en la cual manifiestan su malestar derivado de la actividad en redes sociales de Betssy Chávez, quien actualmente cuenta con la condición de asilada política en territorio mexicano. La queja diplomática se centra en la difusión de un video donde la exfuncionaria aparece junto a su madre, Herminia Chino, quien participa activamente en el actual proceso electoral peruano como candidata al Senado por el partido Podemos Perú.

El gobierno de Perú argumenta que este tipo de publicaciones desde el extranjero contravienen las disposiciones que rigen el asilo diplomático, al considerar que la asilada mantiene una injerencia en asuntos políticos internos de su nación de origen. La representación diplomática peruana ha señalado que el uso de plataformas digitales por parte de personas bajo protección internacional para fines de proselitismo político genera tensiones en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Por su parte, fuentes de la Cancillería mexicana han indicado que se encuentran analizando la situación a fin de determinar si los contenidos difundidos vulneran las normativas de asilo vigentes en México. El estatus de asilado político obliga a los beneficiarios a abstenerse de participar en actividades políticas que afecten la estabilidad de su país de origen, bajo el principio de no intervención que rige la política exterior mexicana.

La situación ha generado una serie de consultas diplomáticas entre la embajada de Perú en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el equipo legal de la asilada ha sostenido que las publicaciones se limitan a interacciones personales y de carácter familiar, desestimando que se trate de un acto de proselitismo político directo dentro del proceso electoral que se desarrolla en suelo peruano.

Este incidente ocurre en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre México y diversos países de la región han sido objeto de constante escrutinio por la aplicación de los tratados internacionales de asilo. Las autoridades mexicanas han reiterado su compromiso con los tratados internacionales, al tiempo que mantienen abiertos los canales de diálogo para resolver la inconformidad planteada por el gobierno peruano sin afectar los vínculos bilaterales.