Prisión domiciliaria no modifica proceso penal contra Ernesto Ruffo, aclara FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, a su domicilio, no representa una modificación en la naturaleza ni en el avance del proceso penal que enfrenta actualmente. Según el comunicado oficial de la institución, esta determinación obedece estrictamente a una medida cautelar dictada por la autoridad judicial, la cual permite que el imputado permanezca bajo vigilancia en su residencia sin que esto implique la suspensión del juicio o el desvanecimiento de las acusaciones previas.

El órgano autónomo enfatizó que el cambio de lugar de reclusión responde a criterios técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales buscan garantizar el respeto a los derechos humanos y la salud del procesado mientras se desahogan las etapas procesales correspondientes. La FGR reiteró que, aunque el entorno físico del exmandatario estatal haya cambiado, la carpeta de investigación sigue su curso normal ante los jueces federales competentes, quienes mantienen la potestad de dictar las sentencias que conforme a derecho correspondan.

Por su parte, el equipo legal del exgobernador ha mantenido un perfil discreto respecto a la logística del traslado, limitándose a señalar que se encuentran en total disposición de colaborar con las autoridades durante las audiencias programadas para los próximos meses. De acuerdo con fuentes judiciales, el cumplimiento de esta medida domiciliaria cuenta con la supervisión de la Guardia Nacional y otras instancias de seguridad, las cuales aseguran que se respeten los protocolos de custodia necesarios para este tipo de situaciones legales en el país.

Este caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político nacional, dado el historial de Ruffo como figura pública. Sin embargo, las autoridades judiciales han instado a la ciudadanía a no confundir los cambios en las medidas cautelares con una posible exoneración, precisando que el proceso penal continúa en todas sus vertientes y que será el Poder Judicial quien determine, mediante una resolución final, la situación jurídica definitiva del exfuncionario una vez que se presenten todas las pruebas de cargo y descargo.