Regidor de Playa del Carmen exige intervención ante límites territoriales con Yucatán

Juan Novelo, décimo tercer regidor del Ayuntamiento de Solidaridad y presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas, hizo un llamado formal este miércoles a las instancias legislativas para intervenir en el conflicto limítrofe con el estado de Yucatán. La solicitud se centra en la incertidumbre jurídica que enfrentan los habitantes de las comunidades ubicadas en la zona conocida como el Punto PUT, ante la reciente emisión de decretos por parte de autoridades yucatecas que pretenden ejercer jurisdicción en áreas que Quintana Roo considera dentro de su territorio.

El regidor advirtió que la falta de una definición clara sobre los límites estatales genera dificultades administrativas para los residentes de estas zonas rurales. Según el posicionamiento del edil, la ausencia de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los órganos legislativos competentes impide la correcta prestación de servicios públicos básicos, la ejecución de programas de Bienestar y la certeza en la propiedad de la tierra para los pobladores locales.

La propuesta planteada por el equipo de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas busca que el Congreso del Estado de Quintana Roo y el Congreso de la Unión establezcan mesas de diálogo técnico con sus homólogos de Yucatán. El objetivo es frenar cualquier acción administrativa unilateral que altere la vida cotidiana de las familias asentadas en la franja fronteriza, buscando siempre salvaguardar la soberanía estatal sin afectar el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados.

Finalmente, el regidor enfatizó que este conflicto no debe ser tratado únicamente desde una perspectiva política, sino como un asunto urgente de gestión pública y derechos humanos. Se espera que en las próximas semanas se formalicen los exhortos ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República, buscando que la Secretaría de Gobernación actúe como mediadora para evitar una escalada de tensiones administrativas que afecten la gobernabilidad en la zona limítrofe de la Península de Yucatán.